Una de las consultas más frecuentes entre nuestros clientes al considerar el aislamiento de la fachada es la cuestión de su viabilidad y legalidad. Aunque algunos ayuntamientos pueden intentar imponer ciertas restricciones, es importante tener en cuenta que la instalación de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) está respaldada por regulaciones claras, especialmente cuando se traduce en una reducción significativa de la demanda energética.
Según la normativa vigente, los ayuntamientos no pueden impedir la colocación de sistemas de aislamiento en la fachada si se cumple con ciertos criterios, especialmente si se logra una reducción del 30% en la demanda energética anual de calefacción o refrigeración. Este requisito se establece para promover la eficiencia energética y la sostenibilidad en el ámbito de la construcción.
El apartado 5 de la normativa añade aún más claridad al respecto, especificando que la instalación de sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) puede considerarse en el contexto de reducción de la demanda energética. Esto incluye no solo el SATE en sí, sino también otras medidas como el aislamiento térmico de fachadas ventiladas o el cerramiento de terrazas ya techadas.
En resumen, queda claro que la instalación de un SATE es una opción viable y legal, siempre y cuando se realice de acuerdo con las disposiciones establecidas en la normativa correspondiente. Además de cumplir con las regulaciones, el aislamiento de fachadas ofrece una serie de beneficios energéticos significativos, que incluyen la reducción de costos de calefacción y refrigeración, así como una menor huella ambiental.